Los santandereanos respiraron aliviados cuando el Tribunal Administrativo del departamento, ese mismo que arbitrariamente decidió revivir el sentido común perdido, suspendió la mal llamada “tasa para la seguridad” que iba a llegar con su recibo de luz en septiembre. Se supone que esos 66 pesos por kilovatio se iban a destinar a cámaras, inteligencia y “movilidad” para las fuerzas del orden, pero el gobierno se ganó un cursito acelerado en improvisación legislativa con olor a prisa electoral.
Resulta que los honorables –que más parecen comediantes de mal gusto– no presentaron ni un informe serio de impacto fiscal, cambiaron la ordenanza “sobre la marcha” y celebraron su aprobación con la misma solemnidad de una fiesta de barrio. Claro, cuando les preguntaron cómo se iba a gastar la platica, sólo apareció un PowerPoint mal diseñado y buenas intenciones. Ciudadanos de estratos medios y altos, que ya cargan con impuestos y tarifas, quedaron a las puertas de pagar por la supuesta incapacidad del Estado.
Los demandantes –concejales, diputados y congresistas que sí cumplen su labor– se rehusaron a convertirse en meros comparsas. Argumentaron vicios de procedimiento, falta de motivación legal y la típica descortesía de no consultar a la gente antes de inventar nuevos gravámenes. Gracias a eso, el dinero de más no saldrá este año de los bolsillos populares y no alimentará la cafetera del aparato burocrático.
Mientras tanto, la Gobernación prepara su defensa con cara de póquer. Dicen que presentarán argumentos jurídicos “robustos” para levantar la suspensión cautelar. Lo irónico es que esos “argumentos” son los mismos que faltaron cuando redactaron la ordenanza a la carrera. Es como intentar defender un castillo de naipes señalando que el viento es injusto.
Pero no nos dejemos engañar. Detrás de esta movida se ven las tibiezas de un gobierno que quiere aparentar acción frente a la inseguridad, sin asumir el costo político real de proponer soluciones eficaces y consensuadas. Intentaron ponerle un impuesto disfrazado, como si los ciudadanos fueran cajeros automáticos sin derecho a cuestionar. Esta vez les salió mal: fallaron en consultar, planificar y, sobre todo, en respetar a quienes mantienen la economía en marcha.
La lección es clara: si quieren que dejemos de pagar impuestos injustos, empiecen por diseñar políticas serias. Aquí no estamos dispuestos a pagar por el show legislativo de una élite despistada.
