Cinco militares fueron brutalmente asesinados en una emboscada perpetrada por las disidencias de las FARC. Mientras el país llora otra masacre contra sus fuerzas armadas, el Gobierno sigue aferrado a su discurso de “paz total”, una paz que, a juzgar por los hechos, solo beneficia a los criminales.
Los ataques a los soldados no son novedad, pero lo que sí indigna es la pasividad del Estado. Mientras los terroristas siembran el miedo en las regiones, en Bogotá se sigue negociando con los mismos grupos que matan a nuestros uniformados. ¿Acaso las vidas de los militares valen menos que las aspiraciones políticas de quienes están en el poder?
Familias destrozadas, un Ejército humillado y un país que se acostumbra al horror. Mientras tanto, las disidencias celebran su golpe, fortalecidas por la inacción del Gobierno. Aquí la pregunta no es quién tiene el control del territorio, porque la respuesta es evidente: los criminales mandan y el Estado se limita a emitir comunicados vacíos.
Si esto es la “paz total”, entonces que alguien nos explique cuántos muertos más hacen falta para que el Gobierno entienda que está entregando el país en bandeja de plata a los violentos. Ojalá los políticos que tanto hablan de reconciliación vayan al funeral de estos héroes y miren a sus familias a los ojos. Pero claro, eso es pedir demasiado.
